Violencia institucional, racista y xenófoba

 ¿Qué decimos cuando nos referimos a “violencia institucional”? Hablamos de la violencia ejercida por parte de funcionarios y funcionarias públic@s pertenecientes a cualquier institución del Estado y cuya consecuencia es la vulneración de derechos de las personas.
¿Y qué decimos cuando nos referimos a “violencia institucional, racista y xenófoba”? Aquí, hablamos de la violencia ejercida por parte de funcionarios y funcionarias públic@s pertenecientes a cualquier institución del Estado hacia las personas extranjeras o sus familiares, atacándolos por el hecho de su nacionalidad o color de piel. Con un recrudecimiento en los últimos tiempos, en nuestro país podemos mencionar la persecución y hostigamiento a jóvenes afros, principalmente a vendedores ambulantes de origen senegalés, mujeres dominicanas, miembros de la comunidad boliviana que tienen puestos callejeros en la zona de Liniers y la sistemática detención de mujeres trans y travestis migrantes.
Y estos, por mencionar sólo algunos casos. Volviendo sobre la persecución y hostigamiento a los vendedores ambulantes, sobre todo a aquellos de procedencia africana, ya en 2010 el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en el caso del senegalés Bara Sakho(1) (y otros tres), reconoció una práctica policial que afectaba el derecho a la libertad ambulatoria de aquellos migrantes pobres, extranjeros, que vendían baratijas o productos para la supervivencia.
En otras palabras: las policías metropolitana y federal realizaban detenciones arbitrarias sólo a los migrantes senegaleses por su venta ambulante. El Superior Tribunal, asimismo, expresa que la venta ambulante para la mera subsistencia no habilita las detenciones o causa judicial.
Pese a esa decisión judicial, el hostigamiento de las fuerzas de (in)seguridad continúa, y ha incorporado “nuevas formas”(2).
El caso judicial analizado no tuvo un seguimiento, lo que impidió que tuviera incidencia real en la modificación de la conducta policial. De hecho, el uso del perfil racial y las prácticas de persecución siguen estando presentes en el accionar de los operadores del Estado, principalmente fuerzas de seguridad, pero no solo en ellas. La vulneración de derechos, el racismo y la violencia institucional se intensifican sobre estos grupos sociales, muchos de los cuales se encuentran en una particular situación de vulnerabilidad.
En el caso de las personas migrantes, la persecución puede revelar múltiples formas de discriminación, basadas tanto en su condición de extranjería, como en la racial, la socioeconómica, su género o edad, entre otros, reflejando la “interseccionalidad de la discriminación”.

Luego de lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, se demarcó una política securitaria mundial intensificada bajo la cual el colectivo de las personas migrantes o con determinados rasgos físicos se han visto mucho más afectadas.
Esta tendencia, agravada con el transcurso de los años, se legitima a partir de objetivos de seguridad cuyo cumplimiento se encuentra por encima de cualquier tipo de limitación. Nuevamente, y con la fuerza del Estado reprimiendo, se termina por asociar migración a delito, impulsándose la aplicación de prácticas y medios ilegales, como son los mecanismos de control de la población, persecución o exterminio.
Claro que, para poder ejercer este tipo de persecución y violencia institucional con absoluta arbitrariedad, es necesario legitimar sus prácticas en determinados discursos. Y esos discursos son los que se ven reflejados en los slogans de la “lucha contra la inseguridad y el narcotráfico”. En algunos casos, podemos encontrar formas aún más cínicas en la búsqueda de “justificación”, basadas en discursos contra “la explotación laboral y la trata de personas”.
Discursos que buscan legitimaciones a partir de equivalencias de dudosa vinculación. Y, de lo que no quedan dudas, es que no existe ninguna relación entre esas prácticas de violencia institucional y la efectiva protección de la seguridad ciudadana. Muy al contrario.
Por lo desarrollado, queda expuesto lo complejo que se torna el abordaje de la violencia ejercida por aquellas instituciones del Estado que tienen la obligación de garantizar la seguridad ciudadana y el acceso a servicios públicos.
Complejo y contradictorio, ya que ellas son las que generan mayores situaciones de exclusión y violencia. Si bien el Estado tiene el monopolio de la violencia física legítima, esto no significa que el uso de la fuerza sea la única forma de acción ni que la posibilidad de ejercerla sea ilimitada. Cuando pensamos la violencia institucional, debemos tener muy presente que sus formas no pueden analizarse como transgresiones individuales, sino que debemos pensarlas como prácticas que están presentes en el accionar público sistemáticamente.
Lo que sucede en las calles es el reflejo de políticas públicas excluyentes y racistas, y así es como la policía refuerza y reproduce estas prácticas. Es una relación circular, una no puede sin la otra.
No se pueden sostener políticas racistas sin que en la calle no se reproduzcan. Es violencia institucional no solo porque es ejercida en manos de operadores estatales, sino porque para que su funcionamiento sea sistemático, todo el aparato público debe ser funcional a esta violencia contra las personas que habitan un determinado territorio y no simplemente el policía de la esquina que hace el “control”. Empeora la situación que, lo que sucede en los barrios con los agentes policiales no suele tener registro alguno.
La reproducción del imaginario sobre el fenotipo y la otredad deviene en un criterio básico para delimitar la pertenencia (o no) a la sociedad, estableciendo arbitrariamente un “nosotros” legitimado para violentar al “otro”. Un “otro” que no es sujeto de derechos, al que es posible detenerlo arbitrariamente, maltra-tarlo, golpearlo y hasta matarlo. Cuanto más “extraño”, mayor sobrecriminalización por parte de la policía. Y, en el caso de los y las migrantes, esto se suma a la persecución relacionada a su status migratorio realizado por funcionarios de migración. Si bien nuestra ley de migraciones (Ley N° 25.871) garantiza la promoción de la regularización migratoria, las actuales prácticas de control ponen en sospecha continua a las personas migrantes.
De más está decir que cuando el Estado genera y/o direcciona prácticas relacionadas con el racismo y la xenofobia, reproducidas además por los medios de comunicación, esto redunda en un peligroso caldo de cultivo para manifestaciones sociales discriminatorias, racistas y xenófobas. Es importante destacar que la desprotección por parte de las instituciones estatales genera que las víctimas de la violencia institucional no puedan ni tengan a quien reclamar por dicha vulneración de sus derechos.

 

Agostina Carla

1 - http://www.fiscalias.gob.ar/wp-content/uploads/prev/tsj-caba-bara-sakho-senegaleses-11-8-2010.pdf
2 - Las actuales prácticas se basan en allanamientos a las viviendas de los presuntos vendedores. La policía ingresa en las habitaciones de los hoteles familia-res donde viven los vendedores ambulantes que, en su gran mayoría, son extranjeros. De más está decir que estas situaciones se caracterizan por un alto nivel de violencia, totalmente desproporcionado de cara a la supuesta contravención que la acción estaría persiguiendo

No naturalicemos la violencia institucional.
No naturalicemos la violencia institucional, racista y xenófoba.
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