NO al Centro de Detención de Migrantes en Argentina

 El 19 de agosto de este año, a través de un comunicado en la página oficial de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, nos enterábamos de un acuerdo entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Dirección Nacional de Migraciones, en el cual se convenía la entrega de un inmueble destinado a los infractores de la ley migratoria “en calidad de retenidos”1 ¿Retenidos? Sí, dice así: retenidos. Dejando los eufemismos de lado, estamos hablando de un centro de detención de personas migrantes por haber cometido una infracción administrativa. En otras palabras, ese inmueble va a estar destinado a la privación de la libertad de personas que no han cometido ningún delito más que encontrarse frente a una falta administrativa como es la irregularidad migratoria. Es decir, no tener una residencia regular o lo conocido popularmente como “no tener papeles”. Esta medida representa un gran retroceso en la perspectiva que nuestro país venía aplicando en las políticas y prácticas migratorias de inclusión e integración. Es un punto de quiebre en dicha política, reconocida a nivel mundial por su enfoque de derechos humanos ¿Por qué significa un retroceso? Porque a partir de la sanción de la actual ley de migraciones Nº 25.871 en 2003, Argentina se posicionó a la vanguardia de las políticas migratorias en el mundo, por su visión integral y por el reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes independientemente de su situación administrativa respecto del Estado. Por ello ha sido destacada como modelo por Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales. Es que Argentina, así como varios de los países de Sudamérica, tienen legislaciones y políticas migratorias de avanzada comparadas con el abordaje de las políticas migratorias que el resto del mundo aplica, entre ellas la garantía del principio de no detención por razones migratorias. O por lo menos hasta ahora así era.

Un cambio de paradigmas

La ley 25.871 reemplazó la que se conocía como “Ley Videla”, una norma de la dictadura que tenía un carácter persecutorio, expulsivo y que abordaba la migración de modo que el migrante era considerado como una potencial amenaza a la seguridad nacional.
Las respuestas a la irregularidad migratoria llevadas a cabo bajo una ley de la dictadura pero que se extendió bastante entrados los años democráticos, hasta fines del año 2003- incluyeron detenciones, expulsiones sin orden judicial, separación de familias, negación de derechos sociales, entre otras prácticas xenófobas y racistas: A diferencia de la “Ley Videla”, la actual ley garantiza el derecho a la migración “sobre la base de los principios de igualdad y universalidad” (Art 4º) y que el Estado proveerá “lo conducente a la adopción e implementación de medidas tendientes a regularizar la situación migratoria de los extranjeros” (Art. 17). ¿Y qué implicancias tiene para el Estado reconocer el derecho humano a migrar? Que el Estado tiene la obligación de promover el acceso a la residencia de los migrantes y sus familias, y a un trato igualitario y sin discriminación en el ejercicio de otros derechos fundamentales.
Es decir, que la regularización de todas las personas migrantes que se encuentren en el territorio argentino es una regla que debe guiar el accionar de las autoridades migratorias.
De hecho, en aquellos casos en los que se advierta que una persona se encuentra en una situación migratoria irregular, se le debe dar alternativas y tiempo para regularizarse. Por lo tanto, la condición de irregularidad en términos migratorios de una persona no puede ser visto nunca como un problema de seguridad. La irregularidad migratoria no es, ni debe ser, asimilada a un delito.
La libertad ambulatoria sólo puede ser restringida por el Estado en situaciones excepcionales y bajo la protección de todas las garantías del debido proceso a las que las personas tienen derecho. La irregularidad migratoria es una falta administrativa por la que el Estado no debe ejercer persecución ni la privación de libertad sino que, al contrario, lo conmina a facilitar la regularización de la situación de la persona. Partiendo de los estándares de derechos humanos nacionales e internacionales vigentes afirmamos que la libertad debe ser la regla. La expulsión como medida de sanción ante la irregularidad migratoria es el último recurso que debe utilizar el Estado. Y sólo en el contexto de la expulsión, se podría habilitar la “retención administrativa” de una persona migrante por un plazo máximo de 15 días, lo que la convierte en una medida excepcional.
Ningún funcionario público, con excepción de un juez, puede decidir si una persona será detenida o expulsada en el contexto de un proceso o trámite migratorio. Debido al carácter excepcional de la detención por infracciones migratorias, es que rechazamos y cuestionamos la necesidad de la creación de un centro de detención por considerarla infundada y desproporcional.
La decisión dar apertura a un centro de detención define una política orientada a la expulsión y detención por sobre la regularización. ¿La creación de un centro de tales características quiere decir que en el futuro va a haber más detenidos para justificar la existencia de este lugar?.
Las experiencias de centros de detención en otros países del mundo han demostrado reiteradamente su fracaso, ineficacia y gravedad en el impacto en derechos humanos básicos de las personas migrantes, entre ellos la salud, el desarrollo personal y familiar y, principalmente, el derecho a la libertad.
Para nombrar los centros de detención de migrantes se suele echar mano a diversos eufemismos. Se habla, entonces, de retención, alojamiento, estaciones migratorias, centros de albergue. Pero lo ampuloso de la nominación no debe hacernos olvidar lo que son: centros de detención, y lo que allí se hace es, básica y salvajemente, privar de la libertad a migrantes por una infracción administrativa.
Otra de las (nefastas) consecuencias de utilizar la detención como instrumento de gestión migratoria, viene asociado al contenido simbólico que impulsa la identificación del migrante con el delito y la inseguridad, representando de este modo un riesgo en términos de incremento de la xenofobia, el racismo, la discriminación y la violencia hacia las personas migrantes.
La creación de un centro de detención crea y refuerza el imaginario social estigmatizante que tienen determinados sectores de la sociedad que es errado porque reproduce una falsa vinculación entre migración y delito que ninguna estadística avala. Este tipo de políticas genera efectos negativos tanto para las personas migrantes como para los propios Estados que las aplican, porque oculta los innumerables aportes positivos para una sociedad, en términos económicos, culturales, de integración y diversidad que la migración implica a las sociedades que los reciben.

 

Agostina Carla

Hoy más que nunca luchamos por: #Ningún ser Humano es Ilegal
#Migrar es un Derecho Humano
#No a la creación de centros de detención de migrantes.

1 - El comunicado publicado originalmente por la Dirección Nacional de Migraciones fue modificado en dos oportunidades, y luego eliminado de la página oficial.

©2021 ATUNLA. Todos los derechos reservados. Diseñado por Polsk